Mtro. Luis Alberto González Rosas

Uno de los pilares del principio “por personae” adoptado por nuestra Constitución en las reformas del 18 de junio de 2008, es la inclusión del derecho más benéfico al individuo en el caso de que confluyan dos normas jurídicas al mismo caso.

En la hipótesis de la prisión preventiva y a más de nueve años de la reforma, se siguen discutiendo matices de su aplicación y observancia. Basta recordar que hasta hace poco, y bajo las directrices del sistema penal tradicional, la persona que era aprehendida por la supuesta comisión de un delito era recluida en el centro de reinserción social y, una vez allí y sólo si la naturaleza del delito lo permitía, se procedería a concederle la libertad bajo caución para que defendiera su proceso en libertad, de lo contrario tendría que hacerlo tras las rejas. Eso en sí mismo constituye la prisión preventiva, porque si el sujeto no lograba probar su inocencia, a su condena solamente se le restaba el tiempo que había permanecido en prisión en forma “preventiva”; pero si resultaba inocente, sería puesto en libertad y todo el tiempo que hubiere pasado recluido, no importa cuántos años hubiere durado el juicio, sería tiempo perdido con consecuencias funestas para cualquiera. El Estado tampoco pagaba la reparación del daño al sujeto por lo que le hubiere podido causar un proceso penal a un inocente.

 

A la luz del nuevo sistema penal se promulgó un decreto el día 17 de junio de 2016 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el artículo quinto transitorio del mismo se lee lo siguiente:

Tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas, para efecto de que, el juez de la causa, en los términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado Código.

 

Bajo estas nuevas disposiciones, Resulta procedente que se revise la medida cautelar de prisión preventiva decretada en el sistema mixto o tradicional (sistema anterior) ya que dicha reclusión está relacionada con el derecho humano a la libertad.

Tal como lo manifestamos al principio de este texto, se advierte la confluencia de dos sistemas legales aplicables a un mismo caso: el sistema tradicional o mixto, y el nuevo sistema acusatorio adversarial, que confluyen en la hipótesis de la prisión preventiva. Así pues, al existir el ya transcrito artículo quinto transitorio, que es más protector del derecho a la libertad, el Juez penal sí debe aplicarlo aún en casos anteriores a la vigencia del sistema penal acusatorio, ya que al permitir la verificación de la medida cautelar se podría lograr la libertad del imputado y,  materializar la interpretación del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que la libertad es la regla y la excepción es la prisión preventiva.

septiembre 29, 2017

La nueva prisión preventiva y el derecho a que se revise ésta para casos del sistema tradicional anterior a los juicios orales.

Uno de los pilares del principio “por personae” adoptado por nuestra Constitución en las reformas del 18 de junio de 2008, es la inclusión del derecho […]