TODOS ESTAMOS EN RIESGO DE SER PROCESADOS PENALMENTE POR EL COVID-19

En días recientes se ha estado hablando acerca de que aquellas personas diagnosticadas con coronavirus serían procesadas por el delito de peligro de contagio y propagación de enfermedades para el caso en que, a sabiendas de que están enfermos, no se aíslen en su casa. Lo que no se sabe, es que esta figura es muy antigua, y lleva echando polvo en nuestros códigos penales desde hace varios años.

 

En el caso de Puebla, existen los artículos 213 y 214 del Código Penal que establecen lo siguiente:

 

               Artículo 213.- Al que sabiendo que padece un mal venéreo o cualquier otra enfermedad crónica o grave que sea transmisible por vía sexual o por cualquier otro medio directo, pusiere en peligro de contagio la salud de otra persona, se le impondrá prisión de treinta días a dos años y multa de veinte a mil días de salario.

               Artículo 214.- En los supuestos previstos en el artículo anterior son aplicables las siguientes disposiciones:

               I.- Se presumirá el conocimiento de la enfermedad, cuando el agente presente lesiones o manifestaciones externas de trastornos fácilmente perceptibles.

               II.- Cuando se trate de cónyuges o de concubinos, sólo podrá procederse por querella de la parte ofendida.

               III.- La pena se impondrá, sin perjuicio de las sanciones que correspondan si se causa el contagio o algún otro daño o lesión, o de los que resultaren por la transmisión de una enfermedad.

 

Como puede verse, el riesgo de contagio o propagación de enfermedades no se limita a enfermedades venéreas, sino a cualquier enfermedad transmisible por cualquier medio directo que ponga en peligro de contagio a la salud de otra persona, tal es el caso del coronavirus. Asimismo, no es necesario probar si la persona enferma sabía o no que lo estaba, basta con que presente manifestaciones perceptibles de la enfermedad, y en ese caso, aquel propagador de la enfermedad sería sujeto a una pena de hasta dos años de prisión.

 

En el caso de esta pandemia, en donde hay varios casos constatados de gente que sabía que podría tener COVID-19 y aún así estuvo en contacto directo con más personas, y luego resulta que se confirma el positivo de aquella y algunas otras de las personas con quien estuvo en contacto, se podría fácilmente promover una querella por este delito, solicitar la reparación del daño al infectado-propagador (que sería los gastos hospitalarios y de medicación) e incluso el pago de las lesiones que, eventualmente, se podrían infringir.

 

Ante la curva exponencial de casos, el escenario, aunque jurídicamente viable se tornaría difícil de manifestar, puesto que no alcanzarían los juzgados penales para procesar a tantos infectados, sin embargo, la posibilidad jurídica existe, y todos aquellos que pueden estar infectados, son potenciales imputados de este delito.